Organismos judiciales de Iberoamérica y organizaciones no gubernamentales trabajan en el fortalecimiento de la justicia juvenil restaurativa con el propósito de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Cerca de 200 personas tienen arresto domiciliario en el país dentro del sistema penitenciario y para que cumplan su pena son vigiladas, cada una, por tres policías lo cual implica un gasto en recursos humanos y económicos para el Estado, sin embargo, esto cambiará con la implementación de los brazaletes electrónicos.

Desde esta semana, el punto de flagrancia del Complejo Judicial de Cuenca cuenta con personal médico las 24 horas, lo que garantiza una atención inmediata y oportuna de las personas privadas de la libertad por el cometimiento de una infracción flagrante.